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Dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, los derechos de inmigración y las leyes de asilo difieren sustancialmente de un país a otro.

La ONU ha advertido a Europa de la necesidad de abrirse a la inmigración para mantener su crecimiento y proteger las pensiones. De hecho, según Eurostat, Europa necesita unos 44 millones de inmigrantes hasta 2050 para superar este bache.

Pese a esta advertencia, un informe posterior dela OCDE detecta medidas endurecedoras de las políticas de inmigración en la mayoría de las naciones europeas. Esta tendencia dará pie a una legislación comunitaria armonizada (aplicable en todos los países miembros) que podría ver la luz en un periodo inferior a 3 años.

El número de inmigrantes llegados a los países de la Unión Europea en el 2000 ha sido de 816.000, casi 100.000 personas más que en 1999. Proceden en su mayoría del Magreb, Turquía, India, África subsahariana y los Balcanes.

En total se estima que 3 millones de personas viven clandestinamente en el Viejo Continente; medio millón residen en Francia, cerca de 300.000 en España y otros 235.000 en Italia.

De forma paralela, según el informe anual del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, aumentan cada año los casos de violencia racial, discriminación y delitos de grupos neonazis en todos los países de la Unión Europea.

Un 33% de los europeos se consideran "muy" o "más bien" racista y el Eurobarómetro considera que las razones para este aumento de la xenofobia se debe principalmente al temor al paro y la seguridad en el futuro y a un malestar generalizado ante las políticas gubernamentales y las condiciones sociales.

Alemania: más de 7 millones de inmigrantes, 24 por cada 1.000 habitantes En el 2000 entró en vigor la ley de doble nacionalidad. Dos mujeres turcas dieron a luz el primer día de enero del 2000 y se beneficiaran de esta ley aprobada por el Parlamento alemán en 1999. Esta nueva oleada legislativa trata de promover la integración de la segunda y tercera generación de inmigrantes. El número de violentos de ideología ultraderechista aumenta cada año; hay casi 9.000 personas fichadas como ultras peligrosos, en su mayoría procedentes de la antigua Alemania oriental. Uno de cada cuatro jóvenes es muy racista y evita el contacto con los inmigrantes. Los emigrantes irregulares que son detenidos en las fronteras alemanas son expulsados de inmediato, aunque pueden pasar cierto tiempo en zonas de tránsito especialmente habilitadas en puestos fronterizos. Alemania tiene convenios con todos sus vecinos, que le permiten expulsar al territorio de éstos a quienes intentan entrar ilegalmente en el país. Si el inmigrante no lleva documentos, el procedimiento puede llevar meses, porque primero hay que establecer la identidad del detenido. El irregular tiene derecho a recurrir a los tribunales frente a la decisión administrativa de expulsarlo.

Austria: 1 inmigrante por cada 1.000 habitantes El discurso xenófobo de Jörg Haider llevó a su partido de extrema derecha (FPÖ) al gobierno del país en febrero de 2000. El informe de los tres sabios que se desplazaron a Austria por mandato de la UE para analizar los efectos del cambio de Gobierno en la defensa de los derechos humanos y en la situación de los extranjeros concluyó que el nuevo Ejecutivo estaba siendo fiel a la legislación vigente sobre extranjería. Cada año, una orden administrativa establece cuotas para la admisión de ciudadanos de terceros países (no residentes en la UE). La disposición administrativa del año 2000 limita a un máximo de 7.860 el número de permisos de asentamiento, que se distribuyen entre los diferentes Estados federados. La Ley austríaca otorga a los extranjeros residentes en Austria un derecho a la reunificación familiar. Sin embargo las personas que desean unirse con sus familiares están sometidos al régimen de cuotas fijadas por la orden administrativa de asentamiento. Pese a todo, en Viena siguen registrándose denuncias por episodios de racismo que afectan principalmente a personas de origen africano.

Bélgica: 20 inmigrantes por cada 1.000 habitantes No existen cifras oficiales sobre el número exacto de inmigrantes y refugiados que viven en Bélgica en situación irregular, pero se calcula que puede haber entre 50.000 y 75.000 personas. En los últimos tiempos la mayoría de los inmigrantes que llegan proceden de Ucrania y de países centroeuropeos como Eslovenia y Eslovaquia. Hasta la llegada hace un año y medio del Gobierno liberal de Guy Verhofstadt, Bélgica fue uno de los países comunitarios donde con más saña se ha perseguido a los irregulares con encarcelamientos, tácticas agresivas y deportaciones. La Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999 permitió a varios miles de inmigrantes y a sus familias obtener permiso de residencia tras demostrar que vivían en el país al menos durante seis años antes de la fecha límite del 1 de octubre de 1999 (cinco si tenían hijos en edad escolar). En el año 2000, la inmigración ilegal creció un 60% con respecto a 1999 según cálculos de la policía belga, pese al aumento de los controles en las fronteras y la campaña policial contra las mafias.

España: 1 inmigrante por cada 1.000 habitantes Según datos provisionales de Eurostat, en España hay 1 inmigrante por cada 1000 habitantes, un porcentaje bastante bajo comparado con el resto de la Unión Europea, sólo por encima de las tasas de Finlandia y Francia. Los inmigrantes trabajan en su mayoría en economías sumergidas. Se les paga menos, trabajan en peores condiciones, recibiendo menos del sueldo mínimo exigido por ley. En muchos casos carecen de vivienda digna. España es uno de los países de la Unión Europea con más inmigrantes irregulares. De los tres millones de personas que viven clandestinamente en Europa, medio millón residen en Francia, cerca de 300.000 en España y otros 235.000 en Italia.

Francia: 1 un inmigrante por cada 1.000 habitantes En 1999 Francia regularizó a casi un 70% de los inmigrantes que pidieron documentación. Fue el resultado de la lucha de los sin papeles, que hizo tambalearse a la derecha. Los irregulares no han sido expulsados, al menos de manera organizada y masiva, pero su situación es precaria. Entre 1991 y 1997 se recurrió a las expulsiones, a veces a través de vuelos charter, pero en la actualidad esa es una práctica abandonada. No se han previsto disposiciones legales para asegurar la educación de los hijos de refugiados aunque sí han disminuido las trabas para conseguir la reagrupación familiar. Durante 2000 se han sucedido agresiones a magrebíes y problemas en la educación infantil por el uso de velos islámicos en clase.

Holanda: 3 inmigrantes por cada 1.000 habitantes De su crecimiento demográfico, la mitad es debida a los nacimientos de niños inmigrantes. El Gobierno prevé conceder un permiso de residencia de tres años que sería indefinido posteriormente.

Irlanda: 6 inmigrantes por cada 1.000 habitantes Los inmigrantes tienen derecho a traerse a sus familias. La mitad del crecimiento demográfico en Irlanda se debe a los inmigrantes.

Italia: 3 inmigrantes por cada 1.000 habitantes En estos momentos Italia fija un cupo anual variable (en torno a 60.000 personas el último) de trabajadores extracomunitarios que son admitidos en el país. Un decreto de 1999 permite obtener la residencia permanente a los inmigrantes con más de cinco años de residencia legal en el país. En cuanto a los irregulares, la ley prevé la reclusión de estas personas en un centro de acogida donde permanecen hasta ser identificados y una vez establecida su nacionalidad se les repatría. Cuando esto no es posible, quedan en libertad. El Gobierno de centro-izquierda concedió en 1999 una regularización extraordinaria que permitió a más de 200.000 inmigrantes obtener el permiso de residencia legal. Tuvieron que presentar una oferta de trabajo y demostrar su presencia en Italia con anterioridad a la promulgación de la ley. La cifra de inmigrantes irregulares supera las 300.000 personas. En el año 2000, el numero de inmigrantes que fijó en Italia su residencia aumentó en un 13,8%, y en un 23% en lo que se refiere sólo a menores de edad. En la actualidad, los extracomunitarios que viven en este pais son 1.270.000 respecto a los 800.000 de hace 10 años.

Luxemburgo: 114 inmigrantes por cada 1.000 habitantes Los refugiados no tienen derecho a traerse a su familia mientras que en Bélgica e Irlanda sí pueden hacerlo. Cuenta con un estricto control fronterizo para evitar a las entradas clandestinas pese a que el 70% de su crecimiento demográfico es debido a la llegada de inmigrantes.

Portugal: 1 inmigrante por cada 1.000 habitantes Las autoridades no han previsto disposiciones legales para asegurar la educación de los hijos de refugiados. Los inmigrantes trabajan en su mayoría en economías sumergidas. Se les paga menos, trabajan en peores condiciones, recibiendo menos del sueldo mínimo exigido por ley. En muchos casos carecen de vivienda digna y viven hacinados o en chabolas.

Reino Unido: 2 inmigrantes por cada 1.000 habitantes Un 10% de los inmigrantes son devueltos a sus países de origen porque su solicitud de asilo se debía a la falta de empleo en su lugar de origen. En marzo del 2000, el Gobierno anunció que expulsará a los refugiados que exploten a sus hijos para la mendicidad porque no necesitan ejercerla gracias a las ayudas sociales que les concede el Estado. Éstas son para conseguir trabajo y vivienda. Además, ofrece clases de inglés a los inmigrantes que las soliciten. El Gobierno regularizó en el año 2000 a 30.000 refugiados y demandantes de asilo llegados antes de 1995, cifrados en 70.000. No se ha regularizado a los inmigrantes ilegales económicos, que son 50.000.

Las costas del sur de la Península y de Canarias registraron en el año 2000 la mayor afluencia de inmigrantes de la historia; más de 15.000 personas fueron detenidas y decenas de ellas perdieron la vida en el intento

El tráfico de pateras entre las costas africanas y el territorio español experimentó durante el año 2000 un crecimiento exponencial respecto a años precedentes. El Estrecho de Gibraltar vivió el mayor tráfico de pequeñas embarcaciones conocido hasta entonces; decenas de personas que buscaban una oportunidad en la otra orilla perdieron la vida.

A finales de diciembre, la cifra de inmigrantes que habían intentado entrar en el país por vía marítima superaba los 15.000 (15.365), lejos de los 3.569 interceptados durante todo el año 1999, según la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Un tercio de estos inmigrantes son mujeres que en muchos casos llegan en avanzado estado de gestación.

Estos inmigrantes llegaron en más de 780 pateras interceptadas en las costas del Estrecho. Los datos no incluyen a los que lograron colarse ni a los que entraron legalmente por las fronteras con dinero suficiente y visado de turista para estar tres meses. Tampoco se contabilizan los desaparecidos ni las decenas de inmigrantes fallecidos en naufragios.

Durante el año 2000, el ocupante de patera ha sido en su mayoría subsahariano (Nigeria, Ghana y Sierra Leona), mientras que en el 99 eran los magrebíes los más numerosos.

Al margen de los problemas de atención puestos de manifiesto con el colapso de los centros de acogida y de las comisarías de los puntos de llegada, la repatriación hacia estos países representa grandes problemas ya que, al contrario de lo que ocurre con Marruecos (país con el que España tiene firmado un convenio), la expulsión no es posible en menos de 72 horas.

Otras formas de llegada a la Península

Pese a que las pateras son el medio más frecuentado por quienes intentan alcanzar nuevas oportunidades para subsistir, hay otras fórmulas, también arriesgadas, de probar suerte.

Camiones y furgonetas. Muchos inmigrantes, en su mayoría jóvenes o adolescentes sin medios para pagar a las mafias, cruzan el Estrecho ocultos en los bajos o en los remolques de los camiones que llegan a España a bordo de transbordadores. Esta práctica, que ha llevado a un endurecimiento del control de los vehículos procedendes del norte de África, les permite llegar a zonas del centro y del norte de la Península.

En ocasiones, son también las mafias las que organizan viajes clandestinos en furgonetas. El 20 de junio de 2000, la Guardia Civil interceptó en Mijas (Málaga) una furgoneta con 37 inmigrantes sin papeles hacinados en su interior. Llevaban cuatro días sin apenas comer y beber y viajaban agolpados en la caja de la furgoneta, cerrada con llave y de apenas seis metros cuadrados de superficie y dos de altura.

Los 33 marroquíes y 4 argelinos tuvieron que forzar la puerta para que entrara un poco de aire. El vehículo, alquilado, procedía de Cádiz y presumiblemente se dirigía a Murcia.

Los vehículos desplazados por las atracciones de feria que durante los veranos hacen escala en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla suelen servir también de improvisado escondite. Durante el 2000, la policía detuvo a 300 personas que intentaron llegar a España por este medio. Barcos pesqueros y de transporte. Los barcos son interceptados en medio del Mediterráneo por las patrullas costeras en busca de inmigrantes. Los marineros son detenidos.

la aventura de una vida mejor a los 15 años La cifra de adolescentes acogidos en centros públicos de Andalucía se ha disparado en los últimos dos años Entre el enorme colectivo de emigrantes sin papeles que llegan a España huyendo de la miseria de sus países hay uno, el de los menores de edad, cuyo tratamiento por parte de las autoridades requiere unas medidas especiales. La ley impide una expulsión inmediata y, dado que suele ser imposible localizar a sus padres o tutores, obliga a su acogimiento en instituciones públicas.

Andalucía es la comunidad más afectada por este problema. En 1999 se gastó 1.000 millones de pesetas en atender a cerca de 1.800 jóvenes inmigrantes que, una vez que llegan a España permanecen en esta autonomía. De los 4.089 acogidos en estas residencias, un 45.58% es inmigrante. Esta cifra es sorprendente comparada con la de 1998, tan sólo 429.

La situación de amparo que proporciona la minoría de edad se ha convertido, poco a poco en una garantía de permanencia en España que ha llevado a cientos de niños de una media de 15 años de edad a embarcarse en la aventura de pasar la frontera en los bajos de camiones o autobuses o a introducirse como polizones en barcos.

Cuando son detenidos por las autoridades, afirman ser menores de edad, tras lo que se les realiza una radiografía de la muñeca que determinará si el crecimiento del hueso prosigue o se ha detenido.

Una vez declarados menores, pueden ocurrir dos supuestos:

- Que regresen con su familia, hecho que sólo se consuma en un 20% de los casos. En muchos casos son los padres quienes los envían, en teoría, en busca de una vida mejor y, en particular, para intentar desde España el reagrupamiento familiar.

- Si no regresan, la Comunidad Autónoma correspondiente ejercerá la tutela hasta la mayoría de edad. El problema es que, al ser centros de puertas abiertas, la mayoría de los niños se escapan antes de que las autoridades los devuelvan a sus países. Hasta un 40% de se fugó en las primeras 72 horas.

Estos niños son fácil presa de las mafias, que se aprovechan de su minoría de edad para introducirlos en redes de delincuencia o emplearles ilegalmente. En el caso de los magrebíes, las mafias trabajan en Tánger, donde algunos camioneros cobran unas 170.000 pesetas por dejar que los niños se agarren al chasis y hagan allí todo el viaje hasta la Península, casi 15 horas. Otras veces, cuando quedan perdidos en las carreteras andaluzas, aprovechan el momento en que un coche se detiene a recoger a un autoestopista para subirse al coche o en descuidos de los transportistas en áreas de servicio. Según datos de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Andaluza, el 75% de estos jóvenes vivían en la calle o fuera del seno familiar antes de cruzar el Estrecho..

el debate entre la inquietud y la tolerancia Los últimos sondeos revelan una creciente autopercepción de país róspero pero intolerante La respuesta de la sociedad española al fenómeno de la inmigración ha experimentado cambios de relieve en la última década.

Los sucesivos estudios de opinión han ido retratando una cada vez más asentada percepción de la llegada de extranjeros como problema. ¿Qué grado de tolerancia tienen a su juicio los españoles respecto a las costumbres de los extranjeros? Así se deduce de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, que de forma periódica tratan de extraer una percepción aproximada de la opinión pública.

El realizado en diciembre de 2000 revelaba que, pese a que la sociedad española se siente satisfecha con su nivel de vida, cada vez se percibe más a sí misma como racista e intolerante hacia las costumbres de los extranjeros. La principal diferencia respecto a sondeos similares realizados en 1994 es que ha disminuido en casi siete puntos el porcentaje de los que califican de racistas a los españoles. Por contra, aumenta muy significativamente el de quienes ven una España intolerante.

¿Qué cree que ocurrirá dentro de cinco años con la llegada de inmigrantes a España? ¿Qué cree que ocurrirá dentro de cinco años con la llegada de inmigrantes a España? Crecerá Ni crecer ni disminuir Disminuirá NS/Nc 85,5% 4,8% 3,2% 6,1% La proporción de quienes ven racismo ha pasado del 56% en 1994 al 49,4% en diciembre de 2000. Hace seis años, el 35% encontraba poca o ninguna tolerancia respecto a las costumbres de extranjeros y otros grupos étnicos. Pero ahora ese porcentaje sube hasta el 48,6% (13,6 puntos más). El Gobierno interpreta estos datos como una demostración de que el contacto real con el colectivo de inmigrantes ha crecido en poco tiempo, lo que puede explicar el repunte de la intolerancia y la opinión mayoritaria (un 85,5% de las personas consultadas) de que el número de inmigrantes tenderá a crecer en los próximos cinco años. Barómetro del CIS (febrero 2000) Una plasmación numérica similar arrojaba el mismo sondeo en febrero de 2000. En este caso, se profundizaba algo más en el análisis de cuestiones más concretas como la convivencia, la integración o las agresiones a los inmigrantes. Éstas son algunas de sus conclusiones más relevantes La llegada de inmigrantes Ataques a los inmigrantes - El 84.2% opina que el número de extranjeros aumentará en los próximos años- Un 43.4% considera que la inmigración es positiva para los países - El 54,2% piensa que es un problema importante- El 38.6% dice que son hechos aislados- El 51,5% opina que el problema irá a más- El 27% piensa que la escalada se parará Legislación Trato a los inmigrantes - Un 36% de los encuestados opina que las leyes son tolerantes al regular la entrada y permanencia de los inmigrantes- Un 64,7% cree que sólo se debería permitir la entrada cuando tienen un contrato de trabajo - Un 94,87% se considera tolerante y opina que toda persona tiene derecho a vivir y trabajar en cualquier pa's que no sea el suyo.- Un 46.8% cree que los españoles actúan con desconfianza frente a los inmigrantes. Matrimonio Las mayores reticencias ante el matrimonio de un hijo de los encuestados con un inmigrante aparecen en el caso de que éste sea de origen magrebí o del África negra, pero siguen siendo poco importantes, menos de un 23%. Educación, convivencia Un 93,7% no da importancia al hecho de que sus hijos compartan clase con niños de otros países o a vivir o trabajar con inmigrantes.

Trabajo Casi un 50% opina que la intención última de los inmigrantes al venir a España es trabajar y quedarse a vivir aquí. En ese caso, están a favor de que tengan los mismos derechos que los españoles y que a la larga puedan conseguir la nacionalidad. Un 80% piensa que los inmigrantes de países poco desarrollados desempeñan los trabajos que los españoles no quieren y un 51,4% que incrementan la delicuencia. Un riesgo para la "raza", según los jóvenes españoles Según datos del Informe de Juventud en España 2000, elaborado por el Instituto de la Juventud, el 30% de los jóvenes de España considera que el fenómeno de la inmigración será, a la larga, "perjudicial para la raza". Otro 24% cree que tendrá efectos negativos en la moral y las costumbres españolas,. Estas cifras, sin embargo, han disminuido con respecto a la misma encuesta elaborada hace cinco años. En aquella época, más de la mitad de la población joven en este país se mostraba claramente racista.

No obstante, los nuevos datos siguen siendo "preocupantes", según el director del estudio. La encuesta del Instituto de la Juventud se desarrolló del 15 de octubre al 15 de noviembre de 1999 entre 6.492 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Sus resultados revelan cómo se han transformado las circunstancias familiares, educativas y laborales de la juventud española en los últimos cuatro años. Así, el estudio deja claro que las actitudes xenófobas y racistas de los jóvenes han disminuido. Un descenso que, sin embargo, no ha terminado con un fenómeno, que según el director del estudio, el sociólogo Manuel Martín Serrano, "es preocupante". En 1995 el 55% de los jóvenes consideraba que la inmigración, a la larga, sería "perjudicial a nivel racial". Hoy lo cree así el 30% de la población juvenil. Hace 5 años el 41% de los jóvenes pensaba que la inmigración tendría efectos negativos en la moral y la costumbre de los españoles. Ahora lo cree así un 24 %. La población comprendida entre 15 y 29 años es algo menos de la cuarta parte del total de habitantes de España. Hay actualmente 8.978.326 jóvenes, de los cuales 4.580.784 son hombres y 4.397.542 son mujeres.

El estudio elaborado por el Instituto de la Juventud también pone de manifiesto los problemas a los que se enfrentan los jóvenes a la hora de emanciparse, generalmente relacionados con la falta de trabajo, la inestabilidad y la dificultad de tener una vivienda. Asimismo, indica que el reparto de la juventud en el territorio español es "asimétrico". Tres de cada cinco personas jóvenes residen en cuatro Comunidades. Andalucía (19,9%), Cataluña (14,7%) y Madrid (12,7%) suman casi la mitad de la población joven.

La Comunidad Valenciana, con el 10,2% de la juventud también se sitúa por encima de la media. La integración educativa, un reto y una necesidad Los incidentes en el Colegio Público Juan Morejón de Ceuta, una muestra agravada de las dificultades de la escolarización de niños inmigrantes Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el curso 99/2000 había unos 100.000 alumnos inmigrantes matriculados en centros públicos o concertados. Entre los 96.694 adscritos a la enseñanza no universitaria, 40.820 acuden a centros de Primaria. El porcentaje de escolares extranjeros matriculados en las distintas comunidades autónomas es de media un 1,4% del total, excepto en Madrid, donde es de de un 2,5% (aproximadamente 25.000 niños inmigrantes escolarizados).

Asimismo, cinco comunidades autónomas escolarizan al 80% de los hijos de inmigrantes que hay en España, según un informe presentado por CC OO basado en datos del curso 96/97. Las comunidades con más de un 50% de los escolares son Cataluña y Madrid, que alfabetizan principalmente a los niños de zonas más deprimidas. Mientras, Canarias tiene una mayoría de hijos de europeos y Valencia y Andalucía tratan con todas las nacionalidades. Un 70% de los inmigrantes africanos estudian en Cataluña y Madrid, aunque en esta comunidad también se acoge a muchos estudiantes de Latinoamérica. Otra estimación es que de los 33.000 alumnos con fracaso escolar, un 10% son inmigrantes, y que 3 de cada 4 estudian en la escuela pública, un 90% de los africanos y un 80% de los procedentes de Latinoamérica. Los principales problemas de integración detectados en estos alumnos inmigrantes fueron principalmente: - la escasa escolarización anterior - incompetencia lingüística - desorientación cultural - conflictos religiosos (comida, horarios, calendario...) - condiciones de vida - escasez de material de uso propio El Ministerio de Educación, junto a las Comunidades Autónomas, trabaja en un Plan Estatal de Atención Educativa de Alumnos inmigrantes, elaborando un registro desglosado por nacionalidad y nivel educativo en cada comunidad autónoma, ya que la escolarización de la población inmigrante es diferente en cada territorio español. También prevé la creación de un programa específico de formación al profesorado.

El conflicto del colegio Juan Morejón de Ceuta En noviembre de 2000, el colegio público Juan Morejón de Ceuta se convirtió en foco de interés informativo. Cerca de un 65% de los padres de los alumnos se negaba a enviar a sus hijos a clase para mostrar su rechazo por la escolarización de 30 niños marroquíes. Varios menores subsaharianos son conducidos por agentes de la Guardia Civil tras ser interceptados en Canarias (Efe). Las protestas de los padres se basaban en la supuesta falta de información sobre estos niños, alojados en su mayoría en centros de acogida, y sobre la seguridad en el centro. Tras varios días de movilizaciones que llegaron a paralizar las clases en el centro escolar, se alcanzó un acuerdo para garantizar la tutela de los niños y distribuirlos por otras escuelas. En Vitoria, en febrero de 2000, el Gobierno vasco quiso fusionar en uno dos colegios, el Ramón Bajo y el Santa María para optimizar recursos. Las asociaciones de padres de alumnos, otros organismos e incluso el alcalde se opusieron porque los dos centros son un ejemplo de integración y educación multicultural. El 64% de los alumnos son hijos de inmigrantes, la mayoría magrebíes, y sus padres han encontrado problemas para matricularles en otros colegios públicos.

Persisten las zonas de sombra La integración de la población escolar emigrante presenta otras zonas de sombra. El reparto de alumnos extranjeros entre los centros públicos y concertados adolece de grandes desequilibrios, dado que algunos centros subvencionados no ofrecen la posibilidad de formación en las diferentes religiones, como hacen los públicos y como establece la LOGSE y la LODE. Asimismo, el analfabetismo como problema social vuelve a la sociedad española con el aumento de la población inmigrante. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un 2,7% de la población sufre este problema y, aunque es una cifra residual, está creciendo por los inmigrantes.

Los mayores problemas se detectan en los marroquíes del norte y de zonas rurales y sobre todos en el colectivo de mujeres, que suelen estar alejadas de la educación por las imposiciones culturales. Entre los latinoamericanos, las mujeres de países andinos y dominicanas son las que tienen más problemas con el aprendizaje. Sin embargo, los inmigrantes chinos tienen más facilidad porque normalmente saben inglés además de su idioma y eso les facilita su educación en España.

Los 20.706 hijos de extranjeros nacidos en 1998 equilibraron la balanza demográfica La natalidad de los inmigrantes está evitando desde hace dos años que haya más muertes que nacimientos en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 1998 se inscribieron 364.427 bebés de padres españoles, mientras que el número de fallecimientos ascendió a 357.950. Los 20.054 hijos de padres extranjeros, principalmente mujeres magrebíes y latinoamericanas, aseguraron un superávit de 6.477 personas y evitaron que España entrase en lo que los demógrafos califican como crecimiento negativo. Este fenómeno, según las fuentes consultadas, se agudizó durante 1999.

Las cifras oficiales de población correspondientes a 1999 corroboran este hecho y lo acentúan, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística que confirman también que los españoles sumamos ya 40 millones, aunque nueve comunidades autónomas presentan tasas negativas en su relación entre nacimientos y defunciones. Se trata de autonomías donde la presencia de inmigrantes resulta irrelevante: Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Las españolas mantienen el récord mundial de baja natalidad, con un promedio de 1,2 hijos por mujer.

Los datos de 1999 apuntan un leve repunte que los expertos se apresuran a matizar: se trata de la llegada a la edad fértil de una generación más numerosa de mujeres; no de que las españolas hayan cambiado la tendencia. La última encuesta de fecundidad elaborada por el INE en 1999, entre mujeres de 15 a 49 años, revela que la mayoría (el 50,10%) no tiene ninguna intención de procrear. Esta actitud, decisivamente influida, según los expertos, por el alto índice de paro femenino (el 57% del total), la precariedad de los empleos temporales y el cada vez más elevado nivel cultural de las mujeres -inversamente proporcional a la proliferación de familias numerosas- auguran un futuro marcado por el crecimiento cero. En este contexto, los expertos coinciden en que el decrecimiento se está equilibrando gracias a los hijos de los inmigrantes.

Los últimos datos de la Encuesta de Fecundidad revelan que un 47% de las españolas no tiene ningún hijo; en cambio, un 42% de las mujeres de América Central y del Sur tiene dos hijos, y más del 30% de las africanas tiene tres o más. Crecimiento cero Para el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid José Juan Toharia, "el equilibrio de la balanza demográfica al que contribuye la población inmigrante implica que España puede mantenerse en una situación muy satisfactoria", prosigue Toharia. "Los bebés de los inmigrantes pueden suponer un coste a corto plazo, en sanidad o educación.

Pero resultan económicamente muy beneficiosos a medio plazo: mantienen la demografía en términos saludables, abastecen la demanda de empleo en una economía creciente y contribuirán de forma decisiva al mantenimiento del sistema de pensiones. En el aspecto social, la mezcla de culturas resulta beneficiosa en sí misma siempre que la integración se lleva a cabo adecuadamente.

Por todo ello, estos nacimientos son una buena noticia para los españoles", concluye. En los centros de salud y salas de maternidad de los hospitales con fuerte población inmigrante, médicos, enfermeras y comadronas se están convirtiendo con la práctica diaria en especialistas en parturientas foráneas. Emilia Carrera, comadrona del centro de salud de El Ejido y del Hospital del Poniente -el que atiende la comarca de los invernaderos almerienses- asegura que la atención diaria a las embarazadas magrebíes y de los países del Este les revela los problemas cotidianos aún no resueltos: malnutrición, ignorancia, desamparo, incomunicación a causa del desconocimiento del idioma. "He atendido partos donde ni siquiera podíamos hacer entender a la parturienta cuándo tiene que empujar. La situación es preocupante", comenta esta profesional

El Gobierno expulsará de España a cerca de 30.000 inmigrantes que no podrán legalizar su situación.- Cientos de 'sin papeles' se han movilizado para exigir una alternativa

Con el año 2000 concluyó el proceso extraordinario de regularización de extranjeros que el Gobierno puso en marcha para resolver la situación legal de decenas de miles de inmigrantes residentes en territorio español. El Secretario de Estado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, anunció el 21 de diciembre que de las 246.089 solicitudes presentadas hasta el 31 de julio del 2000, 137.454 eran admitidas, 82.845 denegadas, y 6.271 archivadas. En lo que se refiere a las denegadas, un 71% se ha acordado por no poder acreditar haber llegado a España antes de junio del 99 y casi un 27% por no haber presentado la solicitud de un permiso de trabajo o/y residencia antes del 31 de marzo de 2000. Estas solicitudes doblaron en número a las esperadas por el Gobierno. Las denegadas serán revisadas de oficio, es decir, sin que el inmigrante tenga que hacer nada, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería. Tras esta revisión, 61.365 personas más verán solucionado su caso. Sin embargo, y pese a la repesca, cerca de 30.000 inmigrantes serán expulsados de España. De las solicitudes favorables, el 91.18% son permisos de trabajo y residencia, el 5.64% de residencia y el 3.18% son tarjetas comunitarias. De las de trabajo, la gran mayoria son para el sector agropecuario, y en menor medida, para los sectores hostelero, doméstico y construcción.

Las provincias con más demanda han sido Madrid, Barcelona, Almería y Murcia y las nacionalidades que más permisos han pedido, la marroquí, ecuatoriana, colombiana, china y rumana. Residentes extranjeros Número No comunitarios 515.955 Comunitarios 422.828 Total 938.783 Tras concluir el proceso extraordinario, en España se ha pasado de 801.329 extranjeros en situación regular a 938.783, de los que 555.095 son ciudadanos no comunitarios, una cifra que supone pasar del 1,7% al 2,5% de residentes inmigrantes. Los marroquíes son los extranjeros más numerosos en España, con 194.099 nacionales; les siguen los chinos, con 30.958; los ecuatorianos, con 28.773; los colombianos, con 24.650; y los argentinos, con 18.639.

Las dudas sobre el procedimiento de expulsión y las alternativas del Gobierno Con la entrada en vigor el 23 de enero de 2001 de la nueva Ley de Extranjería, el Gobierno podrá expulsar a los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular, un colectivo de más de 27.000 personas. Hasta entonces, sólo se les podía comunicar la obligatoriedad de salir del país e imponerles una multa que podía llegar a las 50.000 pesetas. Sin embargo, pese a contar con el respaldo legal, la aplicación de las órdenes de expulsión se presenta complicada para el Gobierno en términos prácticos. Marruecos es prácticamente el único país que admite a sus ciudadanos expulsados de España, por lo que los marroquíes podrían ser los más perjudicados por esta medida. Interior está negociando un convenio de admisión con Nigeria, de donde proceden muchos de los subsaharianos, pero aún no se sabe cuándo estará en vigor.

Los indocumentados cuya nacionalidad se desconoce no pueden ser expulsados a ningún país. Pero, además de los problemas de trámite, existe una incapacidad material. Con la ley de Extranjería de 1985 se venían expulsando unos 5.000 extranjeros al año, por lo que, al mismo ritmo, haría falta más de un lustro para expulsar a los 27.000 actuales, sin tener en cuenta a los que sigan llegando. Finalmente, está el factor económico: se estima que la expulsión de un ciudadano chino cuesta alrededor de un millón de pesetas, teniendo en cuenta que, además del billete de avión, hay que pagar a los funcionarios que se encargan de la custodia. Fuentes del Ministerio del Interior no dudan en reconocer que no existe ningún plan para expulsar a los inmigrantes sin papeles.

Lo más probable es que se siga actuando como en el pasado: sólo serán detenidos y expulsados cuando se les requiera la documentación y se compruebe su estancia irregular en España. La coordinación de los esfuerzos públicos para hacer valer la legislación sobre extranjería se realiza a través del Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, el denominado Plan Greco, cuya dotación económica (500 millones de pesetas anuales) ha sido criticada por los partidos de izquierda por considerarla "abiertamente insuficiente". La oposición tuvo nuevos motivos para arremeter contra el Gobierno a mediados de enero, cuando el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, pidió a todos los ayuntamientos de España que sean más "cuidadosos" y "exigentes" en la elaboración de sus padrones de habitantes y no inflen sus censos empadronando a inmigrantes irregulares para recibir más dinero del Estado.

Con la entrada en vigor de la Ley de Extranjería el 23 de enero de 2001, la movilización popular comenzó a tomar fuerza. Decenas de inmigrantes sin regularizar emprendieron huelgas de hambre en distintas localidades españolas para exigir papeles, una medida que estuvo acompañada por manifestaciones y actos de apoyo de todo tipo. El Gobierno ha tratado de contrarrestar la protesta con fórmulas de legalización coordinadas con otros países, concretamente Ecuador, Marruecos y Polonia. En este contexto se fraguó la oferta planteada por el secretario de Estado para la Inmigración para que miles de ecuatorianos sin permiso de trabajo volvieran a su país con el objetivo de regresar después a España con los documentos en regla.

Encierro de inmigrantes ilegales ecuatorianos en el salón parroquial de la iglesia de Santiago Apóstol de Totana (Murcia). Los encierros de inmigrantes tras la entrada en vigor de la ley de extranjería y las críticas a las regularizaciones 'bajo cuerda' realizadas en algunas comunidades autónomas forzaron al Gobierno a tomar una decisión.

El 6 de junio, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció un nuevo proceso de regularización para los inmigrantes llegados a España antes del 23 de enero de 2001, bajo los criterios de arraigo y razones humanitarias. En concreto se establecían los siguientes requisitos:

-Estancia. 'Acreditar encontrarse en España antes del 23 de enero de 2001'. Para ello se exigen certificados de empadronamiento, certificados médicos, contratos de luz, agua, u otros.

-Arraigo. 'Acreditar una situación de arraigo en España, considerando como tal: la incorporación real o potencial al mercado de trabajo, la anterior residencia regular en España, o la existencia de vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles'.

-Antecedentes. 'No estar incursos en alguna de las causas de expulsión que se establecen en los artículos 53 y 54 de la ley de Extranjería, ni haber sido acordada su expulsión con anterioridad por alguna de estas causas, no tener prohibida la entrada en territorio español, salvo que la expulsión hubiese prescrito, ni tener proceso judicial pendiente o en curso, salvo que el interesado acredite el archivo definitivo de la causa judicial o el sobreseimiento de las actuaciones'.

Lo paradójico es que, previamente, el Gobierno había proclamado en numerosas ocasiones su rechazo inapelable a abrir un proceso de regularización extraordinario. Pero los hechos le forzaron a irlo abordando de manera encubierta. Primero fueron los ecuatorianos residentes en España, a los que se embarcó en una 'operación de retorno voluntario', para que miles de ellos carentes de permiso de trabajo volvieran a su país y regresaran con sus documentos en regla. Después, los encierros y huelgas de hambre protagonizados por inmigrantes en Cataluña, Murcia o Valencia, acabaron también en acuerdos de regularización con las respectivas delegaciones de Gobierno.

También Colombia se benefició de un acuerdo que permitía regularizar la situación de todos los nacionales de ese país que se encontraran en España sin papeles y pudieran acreditar circunstancias de arraigo, humanitarias y familiares. Estas regularizaciones 'bajo cuerda', sobre todo las realizadas en las comunidades autónomas, provocaron críticas de partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, y de la Oficina del Defensor del Pueblo. Además de poner en duda su validez jurídica, fueron calificadas como un método 'injusto, arbitrario, discriminatorio e inseguro para los inmigrantes'. Finalmente, se anunció el nuevo proceso de regularización, para el que no se fijó un plazo cerrado de admisión de solicitudes. Su fín se vincula a la aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería.

El tiempo máximo para la entrada en vigor de esta norma es el 23 de julio. Pero no existe un plazo mínimo para que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. Una vez en vigor el Reglamento, sólo podrán obtener permiso de residencia temporal las personas que acrediten su permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años y tengan una situación 'excepcional y acreditada' de arraigo, o las que hayan sido víctimas de delitos de xenofobia o racismo. 210.000 permisos en año y medio El proceso de regularización abierto a principios de 2000 se cerró en diciembre pasado con 137.454 inmigrantes regularizados.

Desde entonces, hasta el nuevo proceso abierto en junio de 2001, otras 80.000 personas consiguieron papeles por diversos cauces. En primer lugar el Gobierno aceptó revisar de oficio los 55.892 expedientes rechazados en aquel primer proceso, por no haber podido acreditar la llegada a España en la fecha fijada como límite. A ellos se suman los más de 24.000 ecuatorianos que se acogieron al retorno voluntario. Aunque la inmensa mayoría no viajó finalmente a su país, Interior se comprometió a regularizar la situación de todos. Y a esta cifra habrá que añadir los inmigrantes que consiguieron papeles tras protagonizar encierros en distintas ciudades españolas (entre 20.000 y 30.000 en Valencia, 2.500 en Cataluña y 241 en Murcia), y los que regularicen su situación en el nuevo proceso abierto por el Gobierno.

El Defensor del Pueblo no recurrió la ley En pleno fragor de las protestas y encierros de inmigrantes, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, hizo pública el 23 de marzo de 2001 su decisión de no recurrir la ley de Extranjería. Múgica desoía así las 769 peticiones de recurso que le habían hecho llegar sindicatos, partidos políticos, ONG´s, asociaciones de inmigrantes, de vecinos, de jueces y de fiscales.

El Defensor señaló que había estudiado 'los dictámenes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, así como los elaborados por cuatro catedráticos de Derecho constitucional'. Y concluía: 'De todos ellos se deduce que la ley es constitucional'. Fuentes judiciales consideraron esta última afirmación sin precedentes, 'porque interviene en un proceso de decisión que sólo corresponde al Tribunal Constitucional, toma partido y niega la razón a los organismos que han recurrido'. La decisión del Defensor del Pueblo provocó un aluvión de críticas desde todos los sectores que le habían solicitado que recurriera la ley ante el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno, se subrayó la 'sólida fundamentación' de la decisión de Múgica.