El sector agropecuario y los paradigmas del desarrollo económico mexicano

Roberto Diego Quintana
Profesor del Departamento de Producción Económica y de la maestría en Desarrollo Rural
Coordinador del área de Desarrollo Rural de la uam-Xochimilco.

¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha?...
Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos esclavos,
las mismas protestas, los mismos farsantes, las mismas sectas...?

León Felipe

I. Visiones desarrollistas y dependentistas del desarrollo económico

a concepción ortodoxa del desarrollo económico se puede sintetizar como un planteamiento lógico deductivo, que tiene como fundamento el proceso de diversificación y crecimiento económico en los países “desarrollados”, como resultado de la evolución de las fuerzas productivas. Para los desarrollistas1 el problema de los países “subdesarrollados”2 era haber quedado al margen de esta evolución. Bastaba, por tanto, incentivar desde el Estado la evolución de estas fuerzas para que un país rebasara el umbral del subdesarrollo económico. El desempeño asignado a la agricultura en este “desarrollo planificado” era el de financiar la creación de un sector industrial por medio de la transferencia de capital. Asimismo, este sector de-bería abastecer de materias primas, de insumos y de alimentos baratos a la industria y a los centros urbanos. Por último, los futuros proletarios de esta diversi-ficación económica deberían provenir de las zonas rurales.

La expresión espacial de este sesgo urbano-industrial fue estructurada por Perroux (1955), en el concepto de “polos de desarrollo”. Éste consideraba la necesidad de centrar la intervención estatal en los grandes centros urbanos de un país, con el fin de generar nuevas industrias cuyo efecto multiplicador traería como consecuencia un efecto benéfico, “en cascada” (Trickle down effect), en toda una región, por medio del incremento en la demanda de todos los bienes y servicios relacionados directamente con la producción o con la demanda de estas industrias.3

Los adeptos a esta teoría del desarrollo regional desvalorizaron a los críticos,4 apuntando la necesidad de dar tiempo a que el efecto distributivo se mate-rializara.5 El tiempo demostró, sin embargo, que más que un efecto multiplicador en cascada, los polos de desarrollo ocasionaban un “efecto de resaca” (Backwash effect),6 en donde el polo de crecimiento económico ofrecía opciones, a veces complementarias, de ingreso a la población rural que orillaban a ésta a abandonar o a descuidar la actividad agropecuaria con el fin de optimizar el costo de oportunidad de su tiempo, de acuerdo con la actividad que más ingresos ofrecía.7

Para Michael Conroy (1975), el problema de los polos de desarrollo, al igual que la concepción fun-cionalista de desarrollo regional, estribaba en alinear una región a una economía nacional que a su vez se encontraba alineada al modelo dominante de polos de desarrollo en el entorno internacional (Estados Unidos, Japón y Europa del Oeste), por medio de inducir artificialmente un crecimiento productivo regional acorde con los intereses del capital internacional. De acuerdo con esta concepción, ésta era la única manera de atraer estos capitales para invertir en la producción. De este modo, se esperaba generar una agricultura y una industria de gran escala, dinámica y de alta tecnología, similares a las que Perroux describió como cimiento del desarrollo regional polarizado.

Para los críticos del desarrollismo funcionalista, la solución trascendía el buen o mal esfuerzo por impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. El problema mismo, al parecer, no era haber llegado tarde al desarrollo, sino que éste se había generado en el mismo proceso en el cual algunos países llamados “desarrollados” habían crecido y se habían diversificado económicamente gracias, en parte, a la explotación que habían hecho de los países “subdesarrollados”.8 Esta concepción de alguna manera entró en conflicto con la interpretación clasista del marxismo ortodoxo; sin embargo, la explotación de unos países por otros, para algunos autores, no negaba la explotación entre las diferentes clases sociales, al interior de estos países. De hecho, en este enfoque se consideraba a las élites económicas como subordinadas a los intereses de las élites de los países desarrollados.

En esta lógica se concibieron explicaciones relacionadas con la explotación y la dependencia de los países “subdesarrollados”, denominados también como “periferia”, mantenidas por los países desarrollados conocidos como “metrópoli” (véase Octavio Rodríguez, 1977, y T. Dos Santos, 1968 y 1970). Las argumentaciones variaron: i) se manejaba la dependencia desde la exportación de materias primas de paí-ses de menor desarrollo económico (pmde)9 hacia países de mayor desarrollo económico (pde), viniendo en sentido contrario productos elaborados con mayor valor agregado que no se producían en los primeros10 (véase Raúl Prebish, 1976, y Octavio Rodríguez, 1977); ii) al mismo tiempo, se concebía que el intercambio desigual agregaba al argumento anterior las imperfecciones del mercado mundial por medio de las cuales los pd, mediante las empresas trasnacionales, regulaban los precios de la mayoría de los productos, manteniéndose una tendencia a la baja de los precios de los productos de exportación de los pmde y una tendencia a la alza para los productos importados por estos países provenientes de pd (véase Emmanuel, 1972).

Mientras que para algunos, como los ideólogos de la cepal, la solución a esta espiral del subdesarrollo podía revertirse o por lo menos aminorarse por medio de una planeación de corte estructuralista, para otros era necesario revertir el intercambio desigual y, de hecho, buscar un apoyo decisivo de los países del Nor-te hacia los del Sur, en lo que se llamó el diálogo Norte-Sur, hacia un nuevo orden económico internacional.11 La posición más radical, representada por la escuela relacionada con André G. Frank, planteaba como única solución real el rompimiento abrupto de las relaciones de dependencia y el cambio de la sociedad hacia un sistema socialista, no encontrando en principio otro camino que la lucha armada, sobre todo a la luz de los acontecimientos que derrocaron y asesinaron a Salvador Allende en Chile (véase Frank, 1969 y 1970, y Marini, 1970).

Como si la Torre de Babel existiera en verdad, también sucede en Chile con la dictadura de Augusto Pinochet, donde se ensaya para la América Latina, y para los pmde en general, el paradigma de política económica monetarista, hoy conocido como “neoliberalismo”. En esta nueva versión del liberalismo del siglo xix el problema no es visto en términos de explotación de unos países por otros; de unas clases sociales por otras, sino que se circunscribe a permitir el libre juego de la oferta y la demanda de bienes y servicios en la esfera local, regional y global. Así, el problema de las crisis productivas, del desempleo, de los bajos salarios, de la pobreza, se reduce a una asignación ineficiente de los recursos productivos debido a las distorsiones del mercado, producto del proteccionismo económico y del intervencionismo estatal en la economía. En esta nueva manera de percibir el desarrollo económico, la inversión privada, de preferencia extranjera, es considerada, en lugar de un fuerte obstáculo, el principal motor de la economía. En ello, el desarrollo humano es obliterado por redefiniciones reduccionistas del “progreso” y de la “modernización” que sólo ofrecen una mayor entrada de divisas cortoplacistas y una promesa limitada de generación de empleos.

II. Las concepciones para el desarrollo económico de México en el siglo xix

y en el México posrevolucionario

El concepto “crisis” es tal vez uno de los que más se han empleado en relación con el devenir histórico del México posindependentista hasta nuestros días. Asimismo, junto con las crisis, el Estado no ha cesado de buscar o de asumir, en ocasiones angustiosamente, un paradigma de desarrollo político, económico y social a fin de justificar su razón de ser, dando o negando identidad y proyecto a la nación mexicana.

Respecto al camino a seguir, el debate ha sido arduo y conflictivo. En la posindependencia el frente anticolonial de los criollos se escindió entre los “conservadores”, que aspiraban a un México igual al colonial, pero sin ser colonia, y los “liberales”, que buscaban el cambio social. Estos grupos llegaron a concebir dos rumbos distintos de desarrollo para la nación mexicana y para la sociedad rural. Los conservadores consideraban que para el progreso del naciente país se requería de: i) un gobierno central fuerte; ii) una política proteccionista de fomento a la industria, y iii) un respeto a la estructura agraria; los liberales, como contraparte, sostenían: i) la viabilidad de un Estado federado; ii) una política de libre mercado; iii) un fomento de actividades productivas de exportación, fincando el crecimiento económico del país hacia el exterior y sin considerar como problema el limitado mercado interno, y iv) una reforma a la estructura de la tenencia de la tierra, desapareciendo la propiedad corporativa (como la clerical y la comunal) e incentivando la privada y familiar de tamaño mediano, similar a la que existía en los Estados Unidos, conocida como la “vía farmer”.

Tras el derrumbe de la intervención francesa, encabezada por Maximiliano de Habsburgo en 1867, las Leyes de Reforma12 serían instrumentadas por los gobiernos liberales tomando su máxima expresión durante la dictadura de Porfirio Díaz, quien impulsó un modelo de desarrollo de “crecimiento hacia afuera”, basado en la exportación de materias primas minerales y agropecuarias, modificando fundamentalmente el modelo de la tenencia de la tierra en el país, al desposeer de ella a la Iglesia y a las comunidades indígenas, y reconcentrándola en pocas manos, dando lugar a la máxima expresión de la hacienda latifundista de fines de siglo. De esta manera, la vía farmer, concebida como parte del paradigma liberal de desarrollo económico del México independiente, nunca llegó a materializarse como la estructura dominante. La desposesión de la tierra de las mayorías rurales, por su parte, contribuyó ampliamente al levantamiento armado que condujo al país hacia la Revolución de 1910-1917.

El Estado del México posrevolucionario buscó a su vez un paradigma de desarrollo que lo justificara, que le diera razón de ser. Esta vez, por antinomia con el régimen porfirista, por el alto contenido agrarista del conflicto armado y por la preminencia de concepciones prohacendarias en el grupo armado que se encumbra en el poder político, poco a poco se fue conformando la concepción de un Estado rector, con un poder político y económico sumamente centralizado, un desa-rrollo económico basado en el paradigma político-económico que posteriormente se definiría como “sustitución de importaciones”,13 orientado en lo fundamental hacia el mercado interno, y un campo, cuya unidad de producción integrada al mercado nacional e internacional siguiera siendo la hacienda, dando a la comunidad y al ejido, por medio de un reparto agrario limitado, de pegujal, una función más social que pro-ductiva, y vinculándolo a la hacienda, al igual que antaño, como abastecedor temporal de mano de obra.

No obstante la intención del general Plutarco Elías Calles de dar por terminado el incipiente reparto agrario, y de considerar como política de Estado la homologación y asimilación de campesinos e indígenas en una nueva versión de los farmers liberales del siglo xix,14 el paradigma rural y su desempeño en el desarrollo del país, sin embargo, habría de reformularse a veinte años de terminado el conflicto armado en 1936. Llegaría a la presidencia el general Lázaro Cárdenas para impulsar el reparto agrario como parte del modelo de desarrollo económico de la nación y como respuesta a la cada vez mayor presión del campesinado por acceder a un pedazo de tierra. Fue durante su régimen que finalmente la hacienda latifundista extensiva desapareció del escenario productivo, creando en su lugar un sector social conformado por ejidos y comunidades agrarias y una propiedad privada fincada en la inversión de capital en lugar de la propiedad monopólica de la tierra.15 Ambas formas de tenencia son concebidas por el cardenismo como agentes protagónicos de la actividad agrícola nacional, al grado que el sector social para 1940 llegó a producir más de la mitad del valor de la producción agrícola del país.16

De acuerdo con varios autores,17 es a partir de las reformas cardenistas al campo mexicano que se fincan las bases del desarrollo económico nacional. Por un lado, la ampliación del mercado interno producto del reparto agrario generó una demanda para productos manufacturados. Por otro, la generación de un excedente económico en la actividad agropecuaria y el considerable incremento en el ahorro interno abrieron la posibilidad de financiar la diversificación económica e industrialización del país.

III. El desarrollo desigual en el México poscardenista: Crear riqueza

para después repartirla

El modelo de concentración de la riqueza urbano-industrial en México, expresión de la sustitución de importaciones, sobre todo a partir de los años cincuenta, tomó como paradigma espacial los polos de desarrollo, fincando el desarrollo económico del país, por primera vez en la historia, en el ahorro interno y no en el financiamiento externo. Los recursos para lograr la diversificación económica, en lo fundamental, provinieron del sector agropecuario que durante esta época es “modernizado” en regiones de alta productividad, promovidas por el Estado por medio del modelo de desarrollo regional por cuencas hidrológicas y de los distritos de riego. Hasta mediados de los años sesenta esta estrategia –apoyada con un paquete tecnológico de variedades de alta productividad e insumos como fertilizantes y pesticidas, conocido como la Revolución Verde–18 parecía haber sido un éxito, al grado de llegarse a exportar granos básicos a inicios de los años sesenta, dando lugar a un aparente “milagro mexicano”. Éste, sin embargo, pronto se topó con limitaciones y contradicciones que derivaron en una crisis agrícola cuyos primeros indicadores estadísticos se dan en 1965 con el estancamiento de la superficie cosechada nacional, principalmente la del maíz,19 de la que el país no ha logrado salir en ya más de 30 años.20 Así, el lema del desarrollo económico del México de la posguerra de “crear riqueza para después repartirla”, se quedó en la concentración del ingreso, dejando la repartición colgada del limbo del futuro nacional.

IV. Las limitaciones del desarrollo económico rural mexicano

Pasada la historia, y con miras a reflexionar acerca del destino que depara a la nación mexicana, cabe preguntarse cuáles fueron las limitaciones, los problemas estructurales, las contradicciones de este modelo de desarrollo económico seguido hasta inicios de los años ochenta, qué otros escenarios pudieron haber existido de haberse seguido otro camino. Sin duda, gran parte de los problemas se originó por el fuerte sesgo urbano industrial imprimido al modelo de desarrollo económico en detrimento de la sociedad rural. Para esta última, una seria limitante del desarrollo económico se originó de los grandes, y a la vez limitados, logros de la lucha de los campesinos en relación con el reparto agrario, así como por las restricciones en uso del suelo y tamaño de predio, impuestas “nominalmente” a la propiedad privada.

Para la sociedad mexicana de principios de siglo, fundamentalmente rural y agropecuaria, haber legitimado como “pequeña propiedad privada” una superficie de riego de 100 hectáreas, o su equivalente en otras calidades de tierra, mientras que la dotación de tierra a los ejidatarios y a los comuneros era menor de 10 hectáreas, generó una inequidad de origen. El apoyo político y el acceso al desarrollo tecnológico sesgado en favor de la propiedad privada magnificó esta diferencia, dando como resultado una estructura productiva agropecuaria sumamente polarizada que algunos autores han referido como estructura bimodal; “con pies de barro”. Ésta, además de limitar el des-arrollo económico del campo y por ende el de la economía en su conjunto, propició una articulación de las diferentes modalidades de producción, en un principio en favor del capital privado y posteriormente en favor de las empresas trasnacionales que incrementaron considerablemente su presencia en el medio rural a partir de los años setenta.

Ciertamente, esta inequidad refleja la correlación de fuerzas de los diferentes actores políticos y económicos de entonces; por otra parte, poco se sabía de la función del reparto agrario en el desarrollo económico como dinamizador de la diversificación económi-ca a partir de la ampliación del mercado interno,21 más aún cuando la clase política dominante, como un acto de fe, creía en la hacienda y posteriormente en la propiedad privada empresarial y no en el campesino como actor económico rural.

Entre los gobernantes e intelectuales de la época, e incluso los de hoy en día, existía la errónea concepción de que las empresas agropecuarias cuanto más grandes fueran más productivas serían por unidad de superficie, siendo que, a igualdad tecnológica, el tipo de relación entre el tamaño de predio y la productividad por hectárea es inversamente proporcional.22 Países como México, que tenían y tienen una parte importante de su población viviendo en y del campo, deberían haber buscado economías de escala no en la producción directa del campo y sí en las organizaciones de segundo y tercer nivel, con el fin de acceder con mayor poder de negociación a los apoyos, a la transformación, a la comercialización y a los mercados. Por tanto, se debería haber posibilitado, por medio de las reformas a la Constitución, una tenencia de la tierra monomodal,23 en minifundio rentable, de aproximadamente 15 a 20 hectáreas de riego por familia.24 Este planteamiento esquemático necesariamente habría que matizarlo y darle una expresión diferenciada y específica de acuerdo con la diversidad regional y con la pluralidad étnico-cultural. De cualquier manera, lo cierto es que un modelo de tenencia de la tierra más igualitario hubiera generado otro tipo de patrón de acumulación de capital en el campo y, con ello, otra estructura de poder político y económico más equilibrada y probablemente más democrática. Lo anterior hubiera estado, a la vez, condicionado a una mayor igualdad en el apoyo polí-tico del Estado, mismo que se hubiera reflejado en un acceso indiferenciado para todos los productores del campo a los insumos, infraestructura de riego, crédito, capacitación y asesoría externa.

El logro de lo anterior, a su vez, hubiera requerido de otro tipo de Estado, uno menos patrimonial, más descentralizado, más democrático, que apoyara a los diferentes actores sociales sin intervenir.25 Un Estado de estas características hubiera permitido espacios para la consolidación de figuras asociativas de corte político, económico y social, que habrían funcionado como contrapoderes de él mismo. Un Estado más descentralizado hubiera transferido funciones, toma de decisión y gestión a los estados, regiones, municipios y comunidades,26 respetando la autonomía de todos estos niveles para tomar en sus manos los asuntos relacionados directamente con cada nivel.

En lugar de ello, la imperiosa necesidad de legitimar al Estado-nación, a partir de una diáspora de poderes locales ejercidos por el caudillismo producto de la Revolución, abrió el camino al unipartidismo, la centralización del poder y de la toma de decisiones en la figura del presidente. Así, los planteamientos regionalistas o de pluralidad y respeto a la diferencia étnica, como los de Moisés Sáenz o los de Vicente Lombardo,27 quedaron aplastados bajo la rueda del pragmatismo político que, con el sometimiento del general Cedillo, daba formalmente por terminado el proceso de construcción del poder Ejecutivo bajo un solo mando, el del presidente de la República.28 En este sentido, la preocupación política a partir del general Cárdenas se refirió al fortalecimiento del poder presidencial por medio de una política de masas que subordinó, hasta nuestros días, al movimiento obrero, mediante la Confederación de Trabajadores de México (ctm), y al movimiento campesino, con la Confederación Nacional Campesina (cnc).29

V. El espejismo petrolero y el modelo de desarrollo agropecuario y económico de México

La nación mexicana llega a la década de los ochenta insistiendo en un desgastado modelo de sustitución de importaciones, fincado en el fomento de polos industriales de desarrollo urbano. Hay diferencias fundamentales, sin embargo, que conviene destacar: el descubrimiento de grandes reservas petroleras que, de acuerdo con el discurso oficial, vendrían a relevar al agotado sector agropecuario de su función de sostén del desarrollo económico.30 La copla-mar31 y posteriormente el sam32 fueron intentos sexenales por revertir la transferencia de recursos del campo, sin renunciar al sesgo urbano industrial del modelo de sustitución de importaciones, en cuyos documentos se consideraba como una seria limitante al desarrollo mexicano la situación periférica del país en relación con los Estados Unidos, así como el peligro que implicaba la creciente presencia de las empresas trasnacionales (et)33 en el sector agropecuario nacional. En todo ello, el petróleo aparecía como la panacea, incluso como fuente endógena de financiamiento para el desarrollo nacional que daba un holgado espacio para maniobrar a los hacedores de la política económica nacional.

El sueño neoindependentista del Estado mexicano habría, sin embargo, de desmoronarse ante la drástica caída de los precios del petróleo, producto de la contraofensiva de los países desarrollados en el mer-cado del crudo y ante la crisis de deuda externa produc-to de la caída del ingreso nacional por la reducción del precio del petróleo y de una sobredimensionada deuda externa, generada con la complicidad de las fuentes de financiamiento internacional que vieron en México un buen cliente para sus crecientes choques financieros.34

VI. La crisis de 1982: Del sueño del desarrollo autónomo a la realidad del subdesarrollo sometido y subordinado

La pérdida de autonomía económica de México, debida a la crisis del petróleo y a la de la deuda, redundó en la subordinación de la política económica a los lineamientos de Banco Mundial (bm) y del Fondo Monetario Internacional (fmi) que, a partir de 1982, han condicionado futuros préstamos al gobierno mexicano a la adopción de medidas de estabilización monetaria35 y de ajuste económico y estructural dictadas por el nuevo paradigma de desarrollo económico de corte monetarista. Para este nuevo modelo, hoy conocido como neoliberalismo, el desarrollo económico debe orientarse exclusivamente por el libre accionar de la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios, debiendo eliminarse todo tipo de distorsión en el mercado.

Para el neoliberalismo, México debe reimpulsar el modelo de crecimiento económico hacia afuera, buscando su lugar dentro de la aldea global de acuerdo con sus ventajas comparativas “reales” y fincando su nueva estructura empresarial en la libre empresa privada, abriendo la inversión productiva, financiera y especulativa al capital internacional. En este modelo de sobrevivencia, más que de desarrollo económico, el sector agropecuario deberá orientarse hacia las exportaciones de hortalizas, de flores, de ganado bovino y de productos forestales, a partir de empresas con grandes economías de escala, debiendo reducir la producción de granos básicos –para los que el país, salvo algunas microrregiones, se argumenta que no tiene ventajas comparativas–, pudiéndose importar desde el exterior a precios más adecuados para los consumidores. Dentro de este esquema, el fortalecimiento del mercado interno queda una vez más olvidado, más por incapacidad del Estado que por lógica económica.

La estrategia de restructuración de la política económica respectiva ha planteado para México el retiro y la refuncionalización del Estado que, de acuerdo con los nuevos cánones dictados por los organismos supranacionales, debe dejar de intervenir en la sociedad de una manera hegemónica y paternalista y pasar a cumplir una función arbitral entre los diferentes agentes económicos. Esta situación ha planteado una complicada paradoja para el Estado omnipresente mexicano, que ha ido dejando de lado el contrato social firmado con el pueblo a partir de la Revolución de 1910-1917 tratando, a la vez, de mantener una imagen de escaparate neorrevolucionaria. Asimismo, al parecer el gran desafío para el Estado estriba en renunciar a las estrategias intervencionistas de antaño que le permitían la continuidad en el poder político, y generar a la par otras estrategias, muy probablemente también intervencionistas, pero de diferente cuño y afines con la concepción neoliberal de Estado, con el propósito de seguir cooptando el voto de la pobreza y continuar en el poder.

La desaparición del Estado interventor es tal vez el único punto del modelo neoliberal en donde se podría encontrar una relativa afinidad entre las opiniones de tirios y troyanos. Nadie con sentido común defendería este intervencionismo que alcanzó su máxima expresión durante el régimen de José López Portillo. Sin embargo, la manera abrupta y descuidada en que este Estado transfirió al mercado gran parte de sus funciones durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari generó un grave vacío que el mercado no pudo compensar en el corto plazo. Asimismo, para muchas actividades productivas, como la producción de café y de tabaco, por citar dos ejemplos, retornar su acopio, comercialización y transformación exclusivamente por el libre mercado –después de más de 20 años de la intervención directa del Estado, sin haber generado una red organizativa consolidada entre los productores– regresó a estas actividades a mercados oligopólicos similares a los existentes en los años cincuenta. Debido a ello, los productores minifundistas y poco organizados han vuelto a ser presa de las condiciones impuestas en el mercado por los compradores de estas materias primas.36

La liberación del mercado de productos agropecuarios, por su parte, se ha dado en dos frentes, para permitir el libre accionar de la oferta y la demanda: la apertura comercial, que ha dado lugar a la libre concurrencia de productos de otras economías en el mercado nacional, y a la desregulación de los precios agropecuarios del mercado interno, tomando como precios de referencia los precios internacionales.37 Si bien la globalización económica tiene que asumirse como una realidad tácita a la que México tiene que adaptarse, este acoplamiento ha sido criticado por la manera abrupta, indiscriminada, ingenua y subordinada38 en que se ha llevado a cabo, en donde la presen-cia de los agentes económicos en las negociaciones, cuando se ha dado, ha sido de manera cupular por organizaciones de dudosa representación y legitimidad ante los productores.39

El mercado de tierras es, tal vez, el que se encuentra más gravemente distorsionado debido a que más de la mitad del territorio nacional se encuentra excluido de la libre oferta y demanda de tierras, por estar concesionado en usufructo a los ejidos y comunidades del país. En este sentido, el 6 de enero de 1992 se hicieron reformas “radicales” al artículo 27 Constitucional para dar por terminado el reparto agrario, de posibilitar la reconcentración de superficies hasta 2 500 hectáreas de riego o su equivalente y de transferir la posesión de la tenencia de la tierra de los campesinos minifundistas, considerados por los neoliberales como “no rentables”,40 a otros agentes económicos, presumiblemente empresas trasnacionales vinculadas al mercado mundial,41 que sí hagan un uso óptimo de los recursos en la carrera de la “modernidad”.

VII. La crisis financiera de 1994 y la crisis agrícola nacional e internacional de 1995: Nuevos escenarios, ¿nuevos paradigmas de desarrollo?

En diciembre de 1994 el peso mexicano sufrió una seria caída frente al dólar y con ella se esfumaron los sueños de muchos mexicanos que, encandilados por la firma del tlc y por el ingreso del país a la ocde, pensaban que México, gracias al neoliberalismo, había salido finalmente del fango del subdesarrollo. Esta nueva crisis de financiamiento y de deuda recordó a muchos la crisis de 1982, a partir de la cual el Estado se vio forzado a adoptar el modelo neoliberal con el fin de evitar justamente la crisis que ahora se presentaba doce años después. La diferencia con la crisis de 1982 es que, ahora, la deuda que se adquiría para evitar un colapso financiero mundial era mucho mayor que la de doce años antes.

Asimismo, la economía, para finales de 1994 se encontraba en estado de inanición debido a la política antinflacionaria del régimen de Carlos Salinas de Gortari que sacrificó a los productores nacionales en aras de lograr una inflación de un dígito por medio de la apertura comercial y de la sobrevaluación del peso, misma que llegó a niveles alarmantes a finales de su sexenio.42

La política económica nacional a partir de la crisis de la deuda, en lo fundamental, se ha resumido a inten-tar cumplir con los pagos de la deuda externa contraída por el gobierno y a tratar de salvar del colapso al sistema financiero privado nacional, producto fundamentalmente de una errónea política económica. Hasta el momento poco se ha hecho para incentivar la producción agropecuaria nacional que en 1995 obtuvo una cifra récord de decrecimiento de menos 4%; cifra semejante a la lograda por un país en guerra (véase Luis Hernández Navarro, 1996).

Por si lo anterior no fuera suficientemente dramático, a la seria caída en la producción de alimentos en el ámbito nacional se suma la reducción de la reserva mundial de alimentos en aproximadamente 30%.43 La situación particular del maíz, el alimento del pueblo mexicano, es por demás alarmante, ya que debido a la carestía internacional su precio subió de 130 dólares la tonelada a 180, de acuerdo con la bolsa agropecuaria de Chicago; esta cifra se magnifica, dada la devaluación del peso por más de 100% hasta marzo de 1995, dando como resultado que hoy a México le cuesta más de cuatro veces la tonelada de maíz importado que lo que habría costado producirla internamente.

La crisis alimentaria nacional puede tornarse una situación de hambruna, sobre todo para los campesinos e indígenas de infrasubsistencia, que necesariamente tendrán que comprar maíz para completar su producción, muy mermada en 1995-1996 por los ciclones que azotaron el territorio nacional, y quienes no tendrán el ingreso necesario para pagar por el maíz a los precios imperantes en el mercado mundial, a reserva de que el gobierno decida y cuente con los recursos para subsidiar masivamente el precio al consumidor. De darse esta benevolencia gubernamental, el problema pudiera no parar ahí dado el incremento en la compra de granos de los países asiáticos –China principalmente– debido a la cual muy bien pudiera escasear este grano del mercado mundial, en cuyo caso, sencilla y llanamente, no habría maíz que importar, condenando a los “no rentables” a morirse de hambre.

Los preocupantes futuros escenarios agroalimentarios ciertamente no han pasado inadvertidos por el Estado, que ha lanzado una Alianza para el Campo (véase Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario, 1995). Si bien este programa no considera en sus planteamientos la solución de la cartera vencida de un sinnúmero de productores agropecuarios, la mayoría de corte empresarial, al parecer sí busca apoyar a los productores agropecuarios nacionales que tengan capacidad de reconversión tecnológica. La mayoría de los campesinos e indígenas, sin embargo, salvo la provisión de medio millón de “coas neumáticas”, al parecer no recibirán un apoyo que les permita recuperarse de la crisis. De funcionar los apoyos considerados en la Alianza, y de renegociarse adecuadamente las carteras vencidas, es muy probable que para diciembre de 1996 se lograría un incremento considerable en la producción de alimentos básicos; sin embargo, para las mayorías rurales el que haya abasto no implica tener acceso a los alimentos, ya que para ello hay que contar con el ingreso suficiente para poder adquirirlos. Para más del 70% de la población del campo, incrementar la producción de autosuficiencia es la mejor solución a sus problemas alimentarios tanto en la esfera familiar como comunitaria y regional; debido a ello el Estado debería apoyar la producción de básicos a estos niveles, independientemente de la atención que dé a la agricultura comercial. En esencia, la Alianza para el Campo, a lo más, representa un ajuste a la política rural dentro de la insistencia en el modelo neoliberal, ya descrito, debido muy probablemente a que los organismos supranacionales y ahora también, en forma directa, el gobierno de los Estados Unidos tienen, de hecho, “cómodamente” secuestrado al Estado mexicano, no dejándole autonomía alguna para determinar la política económica del país.
En esta aparente fatalidad de México y de otros PMDE, cabe considerar el desempeño que deberían tener las organizaciones supranacionales (BM, FMI y OCDE), y hasta qué punto es adecuado imponer una vía única, en este caso la neoliberal, como la mejor y única solución a sus problemas económicos, cuando estas mismas medidas, en general, no son adoptadas por países desarrollados por considerarlas lesivas a su economía. Al parecer, el debate de la idoneidad de este nuevo fundamentalismo económico ya se ha iniciado al interior de estas organizaciones, por lo que las adecuaciones correspondientes no deberían tomar mucho tiempo a la luz de los graves problemas que este modelo ha generado, en el corto y en el mediano plazo, en los países dependientes de las directrices dictadas por estas instituciones.

VIII. Prospectiva y sugerencias del modelo de desarrollo económico agropecuario de México en los albores del Siglo XXI

Todo ejercicio de prospectiva económica suele estar irremediablemente condenado al fracaso, y es que resulta difícil predecir el comportamiento de cuando menos las variables económicas fundamentales de toda economía. Se puede, sin embargo, intuir la evolución de procesos que condicionarán el devenir histórico de la nación mexicana. Tal vez el cambio principal ha sido la globalización económica que implica una manera de dominación del capital y de los países desarrollados sobre los países de menor desarrollo económico. En este sentido, las ideas de la escuela de la dependencia aún tienen vigencia en relación con la imposibilidad de que países como México logren un desarrollo económico mientras continúen subordinados y sometidos a los intereses del gran capital.44 La posibilidad de romper con esta dependencia pareciera ser cada día más remota, por lo que el mejor de los escenarios futuros en este sentido es el de una economía periférica, subordinada y controlada, política y económicamente, por medio del financiamiento externo y en donde la inversión extranjera finalmente llegue a invertir en la producción de bienes y servicios en lugar de buscar rápidas ganancias en la bolsa. Y es que, ante el desempleo masivo existente, si hay algo peor que el ser explotado es ni siquiera tener la posibilidad de ser explotado.

Ciertamente, no hay nada escrito bajo el sol. Tal vez Carlos Fuentes, después de todo, tenga razón y los mexicanos logremos una vía alterna subrealista al neoliberalismo superdependiente. En este sentido, sería impropio desdeñar la función que pueda desempeñar la creciente sociedad civil y los partidos políticos de oposición en esta búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo nacional dentro de la globalidad. De ser así, un modelo opcional debería considerar la imperiosa necesidad de crecer también hacia adentro, ampliando significativamente el mercado nacional por medio de una mejor distribución del ingreso. Ello implicaría: i) una mejor distribución de los recursos productivos en el medio rural, por medio de la recomposición del minifundio para hacerlo eficiente y rentable, y ii) una integración vertical y horizontal de la producción agropecuaria para urbanizar e industrializar el campo, en lugar de concentrar estos procesos en las grandes urbes, generando con ello una mejoría en la calidad de vida rural y un incremento en fuentes de empleo para aquellos campesinos que no alcancen a obtener una parcela.

La generación de un minifundismo eficiente, necesariamente, debería buscar economías de escala para el abasto y comercialización de insumos, materias primas y productos, por medio de figuras asociativas de segundo y tercer nivel, tal como se ha dado en Holanda, Corea, Taiwán y Japón. Es por demás obvio que la paródica red de uniones de ejidos y de arics45 registrada en el ran46 no cumplirían con las necesidades descritas y que sería necesario, por tanto, apoyar la refuncionalización de una estructura organizativa desde la base, por los propios sujetos del desarrollo, de manera totalmente independiente de los partidos políticos y del Estado.

La estrategia para el desarrollo rural, ya desde el fin de este milenio y con miras al siglo xxi, debería buscar la seguridad alimentaria de todas y cada una de las familias y comunidades a nivel nacional. Hay familias y comunidades rurales en donde la seguridad implica, por problemas de ingreso, comunicación y abasto, la autosuficiencia de todos los productos alimenticios. Hay otras en donde la seguridad se reduce a la producción de un porcentaje del abasto necesario para su manutención. La producción nacional deberá, a su vez, considerar la seguridad alimentaria de los grandes centros urbanos, en donde la seguridad, cuando menos en relación con los alimentos básicos, con base en la incertidumbre de su mercado internacional, debería acercarse a la autosuficiencia en alimentos como el maíz y el frijol, sobre todo en condiciones de escasez de divisas, como es el caso actual de México. Y, en esencia, la seguridad alimentaria tiene que ser estructurada desde la base y no de manera burocrática y centralizada.

De ninguna manera lo anterior se contrapone con la integración del país al mercado internacional. El fenómeno de la globalización, producto del desarrollo tecnológico, se acepte o no, va a influir determinante-mente en las economías-nación, cuando menos mientras las reservas de petróleo duren. Por tanto, es necesario que los hacedores de la política económica nacional diriman estrategias gradualistas y selectivas de integración más cautas y meditadas que la que llevó a la firma del tlc47 debiendo, a la vez, regular el mercado, impidiendo su libre accionar en una sociedad de por sí inequitativa, en donde la mayoría de la población sólo “participa” como observadora afuera del escaparate del libre comercio. Ciertamente la agricultura de México debe participar y competir en el mercado internacional con sus productos; cabe reflexionar, sin embargo, que las ventajas comparativas de esta agricultura estarán relacionadas con el uso intensivo de la mano de obra rural (27% de la pea nacional según el Censo de 1990) y de la tierra, con el fin de dar ingreso a la mayoría de la población rural y de ajustar las actividades productivas de acuerdo con la relación de los factores de la producción exis-tente en el campo mexicano. Ello llevaría a participar en el mercado internacional con productos fundamentalmente diferentes a los producidos por países con una agricultura intensiva en capital y con empresas de gran economía de escala. De darse una diversificación económica nacional y de generarse una significativa reducción de la pea agrícola, uno pudiera pensar en la necesidad de ampliar la escala de las empresas; sin embargo, hacer esto a priori, como lo han planteado en varias ocasiones los hacedores de la política neoliberal, sólo llevaría a incrementar el número de vendedores de chicles en las calles de los principales centros urbanos del país, amén del paso de la muerte hacia el país del norte.

En todo esto, el desempeño del Estado debe, más que delegar todas sus funciones en las manos del libre mercado, dedicarse a apoyar, sin intervenir, a los diferentes agentes económicos nacionales regulando, a la vez, la participación de los agentes económicos internacionales. Este apoyo deberá buscar la transferencia responsable de funciones a las organizaciones de productores, como son el crédito, la asistencia técnica, la capacitación, el abasto de insumos, la comercialización, y otros más. Acerca de esta transferencia, en relación con el crédito y seguro agropecuario, las experiencias de las uniones de crédito, así como de los fondos regionales de solidaridad, de las cajas de ahorro y de los fondos de autoseguro, son dignas de tomarse en cuenta. Asimismo, son igual de ilustrativas la experiencia de comagro48 en relación con la comercialización del fertilizante49 y la del sirac50 y de la urecch51 en el abasto y comercialización de productos y de alimentos básicos en el estado de Guerrero.52 Esta transferencia impulsaría; a la vez, la democratización del país por medio del fortalecimiento de los contrapoderes necesarios para evitar el acacicamiento de las estructuras de poder político en todos los niveles, desde la comunidad hasta la nación entera.

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